Buscó trabajo en el campo junto a un amigo y fue hallado muerto, lo reclutaron Los Mayos

Josué Guerrero Espino, conocido por sus amigos como “Cheche”, salió de su casa en Santiago Papasquiaro, Durango, con la ilusión de conseguir un empleo temporal en la pizca agrícola.

Tenía apenas 17 años y, según contó a su madre, Magaly Espino, trabajaría en los campos de Camargo, Chihuahua. Sin embargo, aquella supuesta oferta de trabajo se convirtió en el inicio de una tragedia que culminó con su hallazgo sin vida cuatro meses después.

Su desaparición fue reportada el 30 de abril de 2025 en Ciudad Aldama, Chihuahua, de acuerdo con los testimonios de su madre, el joven nunca llegó al destino laboral que le habían prometido.

En su lugar, cayó en manos del grupo criminal conocido como Los Mayitos, una facción del Cártel de Sinaloa, quienes lo reclutaron a la fuerza antes de que fuera secuestrado al Cártel de Juárez.

Ese mismo día también se perdió el rastro de su amigo Ángel Fernando N., de 15 años, apodado “El Pollo”, quien viajó con él desde Guachochi con la esperanza de trabajar en la cosecha de sandía.

La familia de Ángel relató que el adolescente les había dicho que trabajaría en la cosecha de sandía y que regresaría en un mes, pero el contacto se perdió a finales de abril.

A finales de julio y principios de agosto, la búsqueda de ambos jóvenes cobró fuerza cuando comenzó a circular en redes sociales un video que mostraba a Josué con el cabello rapado, los ojos vendados y las manos atadas.

En la grabación, el joven relató que fue reclutado mediante un mensaje para trabajar como “punto” —término utilizado para referirse a vigilantes o “halcones”— en Aldama.

“Me levantaron a los dos días que comencé a trabajar”, afirmó Josué en el video, donde también identificó a sus captores como “Roster” y “Challelo”, presuntos miembros de “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

La madre de Josué, entrevistada por MVS Noticias, explicó que su hijo mencionó en la grabación haber sido capturado inicialmente por el Cártel de “Los Mayos” y posteriormente reclutado por el Cártel de Juárez.

La difusión del video llevó a Magaly Espino a intensificar la búsqueda de su hijo. Viajó hasta Aldama, colocó carteles y presentó una denuncia formal, pero denunció la falta de apoyo de las autoridades estatales y federales.

“Fui hasta Chihuahua, anduve por la ciudad de Aldama poniendo carteles de búsqueda, e incluso puse una denuncia en Aldama. Pero como siempre, las autoridades no hacen nada, por eso hice algunos videos pidiendo apoyo a la ciudadanía”, relató Espino a MVS Noticias.

El caso de Josué no es un hecho aislado, informes de la Secretaría de Gobernación (Segob), han documentado que los grupos del crimen organizado recurren cada vez más a redes sociales y videojuegos en línea para contactar y reclutar a menores.

Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y los chats de videojuegos populares como Free Fire y Call of Duty se han convertido en espacios donde los delincuentes crean perfiles falsos, simulan afinidades y ofrecen supuestos empleos con remuneraciones atractivas.

Estas ofertas, en realidad, buscan forzar a los jóvenes a realizar actividades ilícitas, desde vigilancia y tráfico de mensajes hasta tareas de mayor riesgo, como el sicariato.

La vulnerabilidad de los menores ante estas tácticas se agrava por factores estructurales como la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades, elementos que los grupos criminales explotan para hacer sus propuestas más seductoras.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció en marzo que el gobierno federal trabaja de manera continua para detectar y dar de baja cuentas en internet utilizadas para el reclutamiento de jóvenes.

“Constantemente se están detectando cuentas y constantemente se están dando de baja muchísimas cuentas. Es un trabajo que se hace continuo entre el Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, con la división científica que tiene. Las investigaciones continúan cuando son casos reales”, afirmó Harfuch durante la Mañanera del Pueblo del 11 de marzo.

El 30 de agosto de 2025, Magaly Espino confirmó a través de un video en redes sociales el hallazgo sin vida de su hijo. Frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda y anunció que la familia procedería a sepultar a Josué.

“Ya lo tenemos… Lo vamos a llevar a, a, a sepultar y, este, pues no, solamente eso, eso, darles las gracias a todos por su apoyo, a todos los medios que estuvieron al pendiente de, del caso de mi hijo. Muchísimas gracias por todo. Terminó la búsqueda”, dijo la madre de Josué.

El fenómeno del reclutamiento de menores por el crimen organizado en México tiene dimensiones alarmantes, de acuerdo con Gaceta Digital UNAM, el número de niños, niñas y adolescentes involucrados en actividades delictivas oscila entre 35 mil y 460 mil, dependiendo del estudio citado.

Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que la debilidad institucional en materia de protección de derechos de la infancia es un factor de riesgo estructural.

“El Estado no está presente en la vida de este grupo de población, lo que constituye un factor de riesgo estructural. Además, nuestro marco normativo también tiene carencias al respecto”, señaló González Contró en entrevista con Gaceta Digital UNAM.

La especialista subrayó que los menores reclutados por la delincuencia organizada deben ser tratados como víctimas y que el Estado mexicano les ha fallado al no garantizar sus derechos.

González Contró recordó que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó en 2015 tipificar el reclutamiento forzado como delito específico y fortalecer las políticas de prevención y protección.

Sin embargo, estas recomendaciones no se han implementado con el rigor necesario.

“Más bien se tienen que tomar medidas de prevención temprana, trabajar en las comunidades donde se dan fácilmente los procesos de reclutamiento de personas menores de edad, y, cuando surja un caso, intervenir de inmediato”, enfatizó.

El uso de medios digitales para captar a menores es una tendencia que se ha intensificado en los últimos años, y los Estados nacionales tienen la obligación de generar políticas y marcos normativos adecuados para prevenir este tipo de delitos.

La falta de acciones efectivas y la persistencia de factores estructurales como la violencia, la desigualdad y la marginación continúan facilitando el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales.