Los dos cárteles detrás del huachicol fiscal: la red criminal que sacudió a la Marina, políticos y empresarios en México

Una investigación iniciada en Estados Unidos reveló una red de contrabando de combustibles conocida como huachicol fiscal, que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina, funcionarios de aduanas, empresarios y políticos mexicanos, con presuntos vínculos directos a los Cártel del Golfo (CDG) y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso, que puso bajo escrutinio a figuras clave del actual y anterior gobierno federal, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional tanto para México como para Estados Unidos, según expuso la periodista Anabel Hernández en entrevista con Aristegui Noticias.

La investigación comenzó en 2022 en la Corte del Distrito Sur de Texas, tras la detención de José de Jesús Tapia Fernáandez, exdiputado del PRI en Tamaulipas y expresidente del Congreso local, junto con Rigoberto Brown Cantú.

Ambos fueron señalados como piezas fundamentales en la operación de empresas de transporte que movilizaban millones de litros de hidrocarburos desde la frontera entre Texas y Matamoros hacia puertos mexicanos como Ensenada, Guaymas y Tampico.

Hernández explicó que estos arrestos permitieron a las autoridades estadounidenses identificar la estructura y el alcance de la red, la cual operaba bajo la lógica de un cártel y mantenía nexos con organizaciones criminales catalogadas como narcoterroristas por el gobierno estadounidense.

En marzo pasado, el Gabinete de Seguridad de México anunció el decomiso de más de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el mayor aseguramiento registrado hasta la fecha y directamente vinculado a esta red.

Posteriormente, en septiembre, se reportó la detención de 15 personas presuntamente relacionadas con el caso. Hernández señaló que la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos fue determinante para que las autoridades mexicanas actuaran, y que el tema fue abordado durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al territorio mexicano.

“Uno de los temas que habría tratado Marco Rubio en su reunión y su comitiva en las reuniones que tuvieron en México fue justamente este cartel del huachicol, dirigido desde la cúpula de la Secretaría de Marina”, detalló la periodista en declaraciones recogidas por Aristegui Noticias.

La red, según la investigación, operaba en asociación con el Cártel del Golfo en una primera etapa y, posteriormente, con el CJNG. Un caso ilustrativo es el de César Morfin Morfin, alias “el Primito”, quien, de acuerdo con información oficial estadounidense de mayo de 2024, pertenecía a ambas organizaciones criminales. Esta colaboración entre cárteles evidencia la magnitud y sofisticación del entramado delictivo.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la presunta implicación de altos mandos de la Secretaría de Marina. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el 2 de septiembre, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien cuenta con una suspensión provisional que impide su detención, son señalados como “los jefes de este cártel de huachicol”.

Ambos son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hernández cuestionó la postura del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien afirmó que Ojeda Durán fue quien alertó sobre la red hace dos años, y consideró que tanto el fiscal como el gobierno federal intentan exonerar anticipadamente al exsecretario.

“No creo que el propio secretario de Marina haya ignorado eso durante todo un sexenio”, afirmó la periodista, y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) cite a declarar tanto a Ojeda Durán como al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso también alcanzó al sector empresarial y financiero. De acuerdo con información publicada por el diario El Financiero y citada por Hernández, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, figura en la lista de empresas bajo investigación por presuntos vínculos con la red de huachicol fiscal.

Se estima que 220 millones de pesos habrían sido lavados a través de Vector mediante empresas como Grupo Potesta, dedicadas a la importación y comercialización de combustible ilícito.

Hernández subrayó que fue el gobierno de Estados Unidos quien primero identificó a Vector como una entidad financiera presuntamente involucrada en el lavado de dinero de procedencia ilícita, relacionado con los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

Denunció que la divulgación de datos confidenciales derivó en la muerte de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fue hallado sin vida el pasado 8 de septiembre y era responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.

La periodista sostuvo que la filtración solo pudo provenir de las propias autoridades y advirtió sobre el riesgo que esto representa para testigos clave y para la integridad de la investigación.

Tras el fallecimiento de Pérez Ramírez, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que no estaba involucrado con la red criminal, pese a que algunos medios reportaron lo contrario. Hernández calificó el manejo del caso como el principal escándalo de corrupción admitido públicamente durante el actual régimen, y criticó la falta de responsabilidad en la gestión de la información.

El silencio del expresidente López Obrador y la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente afirmó que la corrupción había sido erradicada, han sido objeto de críticas.

Anabel Hernández cuestionó la falta de pronunciamiento del exmandatario sobre un caso que se gestó durante su sexenio y en los primeros meses del actual gobierno. Además, recordó que el entramado del huachicol fiscal no es un fenómeno aislado, sino que existen antecedentes como la red encabezada por Sergio Carmona Angulo, alias “El Rey del Huachicol”.

Según información de la propia periodista, Carmona operó una red de tráfico de combustibles, con rutas desde Texas hacia Tamaulipas, aprovechando documentación apócrifa y mecanismos de evasión fiscal, sin embargo, Carmona fue asesinado en 2021, su organización nunca fue desmantelada y que estuvo vinculada al financiamiento ilegal de campañas políticas de Morena en varios estados.

La investigación también generó señalamientos sobre la posible implicación de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, en una red similar a la de Carmona y a la liderada por altos mandos de la Marina. Anabel aclaró que estas acusaciones requieren corroboración y que aún no se han convertido en expedientes formales ante las autoridades.

El caso ha adquirido una dimensión estratégica para Estados Unidos, que considera la corrupción y el flujo de recursos hacia los cárteles como un problema de seguridad nacional.

La magnitud de la red y su penetración en las estructuras de poder mexicanas han elevado la preocupación en Washington, donde el tema se ha convertido en una prioridad en la agenda bilateral.