“Prefiero que mi hijo repruebe y pierda un semestre y no que lo maten”; padres de familia condicionan regreso a clases en CCH Sur

Acusan omisiones y UNAM acepta corresponsabilidad de padres en seguridad.

Padres y madres de familia del CCH Sur exigieron la instalación de detectores de metales fijos y un sistema de credencialización como condición para el regreso a clases presenciales, además de implementar nuevas medidas que, por primera vez, contemplan su participación directa en rondines de vigilancia dentro y fuera del plantel.

Durante una mesa de diálogo que reunió a más de 300 familias, a una semana del asesinato de Jesús Israel “N”, los asistentes acusaron a la UNAM de incurrir en omisiones históricas. Recordaron que estas mismas demandas fueron planteadas desde el paro de 2022 y, más recientemente, tras la agresión a una alumna en abril pasado, cuando se denunció que las cámaras de seguridad no funcionaban.

Los padres criticaron la ausencia del rector Leonardo Lomelí Vanegas en la reunión: “Es una falta de respeto que mande a sus empleados y él no dé la cara. Suben videos diciendo que todo está bajo control, pero aquí nunca se ha parado”, reclamaron.

Aunque las autoridades universitarias señalaron que «no se parte de cero» y que desde hace años se realizan patrullajes, rondines y reuniones con instancias externas, los padres respondieron con contundencia: “Si todo eso ya existía, ¿por qué mataron a un alumno dentro del plantel? No queremos discursos ambiguos, queremos hechos. No venimos a pedir, venimos a exigir”.

Los asistentes insistieron en que las medidas actuales son tardías y reactivas. “Después del niño ahogado quieren tapar el pozo”, reprocharon, al recordar que desde 2021 existía un plan maestro de seguridad —con credencialización, cámaras, protocolos y luminarias— que nunca fue implementado. “Si se hubiera cumplido, no habría ocurrido el homicidio”, lamentaron.

La reunión, que se prolongó por más de cuatro horas, tuvo lugar en la explanada del colegio, frente a un altar con flores y veladoras en memoria de Jesús.

Una de las demandas centrales fue la atención psicoemocional para la comunidad estudiantil. “Nuestros hijos están quebrados social y emocionalmente”, expresaron los padres, quienes propusieron habilitar espacios de acompañamiento psicológico.

“Prefiero que mi hijo repruebe y pierda un semestre, a que lo maten”, dijo un padre, quien también exigió que, durante esta crisis, no se evalúe a los alumnos.

Las autoridades reconocieron la carencia de personal especializado. Como medida emergente, anunciaron que a partir del 6 de octubre se incorporarán 16 psicólogos adicionales, al menos por un mes.

Uno de los momentos más tensos del encuentro fue la discusión sobre los detectores de metales. Los padres exigieron que sean fijos —no manuales—, que se instalen en la entrada principal y en el estacionamiento de profesores, y que se presente un plano detallado de su ubicación. En respuesta, las autoridades informaron que la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario trabaja en un proyecto integral que incluirá torniquetes, lectores de credenciales, reconocimiento facial y detectores de metales. Como primer compromiso, ofrecieron entregar el próximo viernes un cronograma con fechas de implementación y convocar a una nueva reunión de seguimiento el lunes.

En cuanto a las cámaras de videovigilancia, los padres subrayaron que no basta con que existan: deben grabar, almacenar imágenes y estar disponibles para revisión en caso de incidentes. Se acordó que una empresa externa certificará mensualmente su funcionamiento y publicará los reportes en la página oficial del plantel.

La vigilancia dentro del colegio fue otro punto crítico. Las familias consideraron insuficiente el número de elementos asignados para cubrir las más de 11 hectáreas del CCH Sur y cuestionaron su capacitación. Las autoridades se comprometieron a entregar, por escrito y a más tardar el viernes, la cifra exacta de vigilantes por turno, así como los detalles de su formación.

Los acuerdos alcanzados serán revisados por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, que sesionará el 3 de octubre. Asimismo, se programó una nueva reunión con padres de familia para el 6 de octubre.

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