Rescatan a niños explotados como malabaristas en Sonora; cateo reveló detalles del delito
La Fiscalía de Sonora rescató a menores originarios de Chiapas obligados a pedir dinero en la vía pública.
Autoridades del estado de Sonora llevaron a cabo un operativo que culminó con el rescate de diez niños y tres adultos que eran obligados a trabajar en condiciones de explotación.
Los menores, originarios de Chiapas, eran forzados a realizar malabares, limpiar vidrios y pedir dinero en la vía pública, actividades que debían realizar bajo coacción y entregar sus ganancias a dos adultos identificados como Erasmo «O» y Cecilia «V», quienes fueron detenidos.
El cateo realizado por elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional permitió descubrir un domicilio donde se mantenía cautivos a los afectados. En el lugar se encontraron 18 actas de nacimiento, cinco pelotas, tres teléfonos celulares y recipientes con monedas y billetes de distintas denominaciones, todos considerados evidencia del delito. Los objetos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía Federal.
El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, en donde se han expuestos otros casos en donde los menores son forzados a trabajar en condiciones de peligro.
En México, la explotación infantil y el trabajo forzado están tipificados como delitos graves. La legislación vigente establece sanciones severas para quienes incurran en estas prácticas:
Según el Código Penal Federal, el trabajo forzado y la privación de la libertad pueden ser castigados con hasta 30 años de prisión, especialmente si las víctimas son menores de edad.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas contempla penas de 15 a 30 años de prisión para quienes exploten laboralmente a menores, incluyendo agravantes si hay violencia, engaño o si se trata de grupos vulnerables.
Además, el trabajo infantil está prohibido para menores de 15 años, y su ejercicio en condiciones peligrosas o forzadas puede derivar en penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo del grado de abuso.
