A 15 años del incendio en Coppel: una tragedia sin justicia en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.— La noche del 10 de noviembre de 2010, seis trabajadoras de una sucursal de Coppel realizaban el inventario nocturno, una rutina habitual en la tienda ubicada en el centro de la ciudad. Faltaban pocos minutos para las 10 de la noche cuando un incendio comenzó a propagarse entre los pasillos del establecimiento.

El humo cubrió rápidamente el lugar. El gerente —único con las llaves de salida— ya se había retirado. Las empleadas quedaron atrapadas tras las cortinas metálicas reforzadas del edificio. Intentaron escapar, gritaron, llamaron por ayuda. Nadie llegó a tiempo.

Buscando refugio, las seis mujeres se resguardaron en un baño. Cuando los bomberos finalmente lograron abrir el local, solo hallaron sus cuerpos calcinados, aún abrazadas, como si en ese último gesto intentaran resistir lo inevitable.

La tragedia dejó al descubierto graves omisiones de seguridad y la falta de protocolos de emergencia. A pesar de las denuncias y reclamos, ninguna familia obtuvo justicia. Coppel continuó sus operaciones con normalidad. Una de las madres recibió apenas una indemnización de 2,300 pesos quincenales, el mismo salario que su hija percibía en vida.

Con el paso de los años, los nombres de las víctimas se han ido borrando de la memoria pública. Sin embargo, su historia persiste en las paredes ennegrecidas de aquel edificio y en la obra del fotógrafo Pablo Tonatiuh Álvarez, quien años después recreó la escena en una imagen que busca mantener viva la memoria de lo ocurrido.

“Coppel se está haciendo cargo de los gastos, está cumpliendo con todo, pero nada va a regresar a nuestras familias. Se tiene que saber la verdad, si fue un accidente, un descuido o lo que haya sido, que salga a la luz”, declaró una de las familiares de las víctimas, en entrevista con Animal Político.

Una de las voces que más ha alzado la exigencia de justicia es Blanca Delgado, madre de Claudia Janeth Bernal Delgado, una de las seis trabajadoras fallecidas en el incendio del 9 de noviembre de 2010. Con el rostro marcado por el cansancio, respondió brevemente a los reporteros:

• “¿Qué puedo pedir ya, a un mes de esto? Justicia… pero, ¿a cuántos se les ha hecho justicia? A muy pocos. Yo lo que quisiera es que me regresaran a mi hija.”
• Sobre el avance de las investigaciones, Delgado fue tajante:
• “Van muy lentos… para no hallar nada todavía.”

Las víctimas y la noche del incendio

Las trabajadoras que perdieron la vida fueron Claudia Janeth Bernal Delgado (25 años), Mariana López Soto (24), Carmen Selene Moreno Zazueta (36), Verónica Picos Bastidas (22), Perla Zapata (25) y Rosa Imelda Félix (26).

Entre todas dejaron nueve hijos huérfanos, el mayor de 20 años y el menor de apenas 45 días de nacido.

Esa noche, el grupo realizaba un inventario en el almacén central de Coppel, cuando alrededor de las 21:00 horas comenzó a salir humo. Según los primeros reportes, el incendio habría sido provocado por un corto circuito. Las trabajadoras intentaron refugiarse en el segundo piso para encontrar una salida, pero las puertas estaban cerradas con cortinas metálicas, como parte del sistema antirrobo de la empresa. Ninguna logró salir con vida.

Salidas bloqueadas y omisiones oficiales

Días después, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un boletín en el que confirmó que las salidas de emergencia no cumplían con la normatividad federal, pese a que la Dirección de Protección Civil Municipal había otorgado la autorización de operación.

“Las salidas de emergencia, tanto de la sucursal siniestrada como de las dos sucursales visitadas, no cumplen con los requisitos establecidos en la norma oficial mexicana”, se lee en el documento.

El director de Inspección Federal del Trabajo, Rafael Adrián Avante Juárez, señaló en entrevista que los cuerpos de rescate tuvieron que forzar las puertas para ingresar al inmueble, lo que evidenciaba que las empleadas no tenían forma de escapar.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 02-STPS-2000, las salidas de emergencia deben abrir hacia el exterior, estar libres de candados y obstáculos, ser resistentes al fuego y contar con señalización visible. Ninguna de esas condiciones se cumplía en la tienda de Coppel.

Una llave que nunca apareció

Pese a los hallazgos, la empresa aseguró públicamente que las trabajadoras tenían llaves para salir. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia estatal contradijo esa versión.

“Hasta este momento no se ha encontrado ninguna llave”, declaró el director de Averiguaciones Previas, Louis Alberto Jauss López, el 7 de diciembre de 2010.

Lo más llamativo es que la empresa operaba en regla, al menos en el papel. El director de Protección Civil Municipal, Marco Antonio Martínez de Alba, confirmó que el último chequeo se había realizado en marzo de ese año, y que la sucursal contaba con aval oficial.

Lentitud e influencias

A pocos días de que concluyera el gobierno estatal de aquel entonces, las investigaciones seguían estancadas. Solo unas 20 personas habían sido llamadas a declarar, entre ellas algunos gerentes de la tienda. Los propietarios del corporativo, Enrique y Agustín Coppel, nunca fueron requeridos por la autoridad.

La Procuraduría justificó la lentitud de las pesquisas señalando que Protección Civil había emitido una alerta sobre el riesgo de derrumbe del edificio, lo que impedía avanzar con los peritajes. Sin embargo, esa versión no fue respaldada por la Secretaría del Trabajo.

Mientras tanto, el corporativo Coppel continuó operando y contrató a un despacho de abogados encabezado por dos figuras de alto perfil político: el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y el exdirigente nacional del PAN Germán Martínez.

El 30 de noviembre de 2010, ambos se reunieron en Culiacán, a puerta cerrada, con el exgobernador Juan Millán Lizárraga, considerado padrino político del entonces gobernador electo Mario López Valdez. Millán minimizó el encuentro ante la prensa local:

“Fue una junta de amigos”, aseguró.

Una tragedia que no se olvida

Quince años después, ninguna de las familias ha recibido justicia plena. El incendio que cobró la vida de seis mujeres trabajadoras sigue marcado por la impunidad, la negligencia empresarial y la omisión de las autoridades.

Sus madres y sus hijos aún esperan que, algún día, el fuego que las consumió también ilumine la verdad.