La amenaza constante contra la prensa en México: Artículo 19 registra 175 periodistas asesinados de 2000 a 2025
La organización social presentó una nueva serie de datos y cifras oficiales que exhiben la violencia que azota a los comunicadores desde el sexenio de Vicente Fox hasta el actual de Claudia Sheinbaum.
En México, ejercer el periodismo sigue siendo una labor de alto riesgo.
Datos actualizados de la organización Artículo 19 revelan que, entre el año 2000 y finales de 2025, se han documentado 175 asesinatos de periodistas y personas comunicadoras, presuntamente relacionados con su actividad informativa.
La cifra mantiene al país entre los más peligrosos del mundo para ejercer la libertad de expresión fuera de contextos bélicos.
El registro de Artículo 19 —basado en investigación documental, testimonios, contactos locales y verificación de información pública— incluye casos ocurridos en escenarios donde la labor periodística pudo ser un factor determinante en los ataques, particularmente en coberturas sobre seguridad, corrupción y crimen organizado.
El sexenio más letal: la era Duarte en Veracruz
El gobierno de Javier Duarte en Veracruz (2010–2016) sigue siendo el periodo más violento para la prensa: 18 periodistas fueron asesinados durante su administración. Entre ellos, el fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo homicidio provocó indignación internacional por la brutalidad del ataque y las inconsistencias en la investigación.
Veracruz continúa siendo, además, la entidad con el mayor número de periodistas asesinados en México: 31 casos documentados hasta la fecha.
Asesinatos por administración federal
- Desde 1994, los registros de Artículo 19 muestran el siguiente panorama:
- Ernesto Zedillo (1994–2000): 3 asesinatos
- Vicente Fox (2000–2006): 22 asesinatos
- Felipe Calderón (2006–2012): 48 asesinatos
- Enrique Peña Nieto (2012–2018): 47 asesinatos
- Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): 47 asesinatos
- Claudia Sheinbaum (desde septiembre de 2024 a finales de 2025): 8 asesinatos
Pese a que el gobierno federal ha destacado una reducción en los homicidios dolosos a nivel nacional, esta tendencia no se ha reflejado en una mayor seguridad para quienes ejercen el periodismo.
2025: otro año marcado por la violencia
El caso más reciente registrado es el del periodista Miguel Ángel Beltrán, asesinado el 25 de octubre de 2025 en Durango mientras realizaba su labor informativa. Aunque las autoridades suelen evitar vincular directamente estos crímenes con la actividad periodística, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras advierten que la mayoría de las investigaciones permanecen inconclusas y sin líneas claras.
Crimen organizado e impunidad: la ecuación mortal
La violencia contra periodistas en México está estrechamente ligada a la cobertura de temas de narcotráfico, corrupción y derechos humanos en territorios controlados o disputados por grupos criminales.
Entre octubre de 2024 y julio de 2025, organizaciones como RSF, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Artículo 19 documentaron múltiples amenazas, hostigamiento y vigilancia previa a ataques perpetrados en regiones influidas por cárteles como el CJNG, el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y otros grupos armados.
La impunidad, señalan, continúa siendo la constante: investigaciones incompletas, protocolos mal aplicados y discursos estigmatizantes desde autoridades federales y estatales dificultan la procuración de justicia.
Desapariciones y zonas de silencio
Además de los asesinatos, Artículo 19 registra 31 desapariciones de periodistas desde el año 2000. En muchos casos, estos hechos están precedidos por amenazas o patrones de hostigamiento que anticipan agresiones mayores.
RSF y CPJ advierten que la mayoría de estas desapariciones se concentran en regiones donde la presencia del Estado es débil o está permeada por complicidades con grupos criminales. El resultado son “zonas de silencio”, territorios donde informar se vuelve prácticamente imposible sin poner la vida en riesgo.
El llamado urgente: proteger la labor periodística
Las organizaciones defensoras coinciden en sus exigencias: investigaciones transparentes que consideren de inicio la posible vinculación con la labor informativa, la aplicación efectiva del Protocolo Homologado para Investigar Delitos contra la Libertad de Expresión, medidas preventivas para periodistas en riesgo y el fin de discursos oficiales que estigmatizan a la prensa.
La demanda es clara: proteger el periodismo es proteger el derecho de la sociedad a estar informada.
