Narcobucheros en el Golfo de California: cuando el crimen, la desigualdad y la crisis ambiental convergen

El surgimiento de los llamados narcobucheros en el Golfo de California —también conocido como Mar de Cortés— detonó una crisis que va más allá de la pesca ilegal.

En una de las regiones ecológicamente más sensibles de México, el tráfico de totoaba reconfiguró la economía local, profundizó la desigualdad social y abrió la puerta a la expansión del crimen organizado.

Lo que durante décadas fue una actividad de subsistencia para las comunidades pesqueras se transformó en el eslabón inicial de una red internacional de tráfico ilegal. La pesca de totoaba pasó de los mercados locales a los circuitos del crimen transnacional, con la participación de cárteles mexicanos y mafias chinas, de acuerdo con la investigación del historiador Alejandro Bonada Chavarría publicada en la revista HALAC – Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña.

El punto de quiebre ocurrió entre 2012 y 2013, cuando el buche de totoaba —altamente cotizado en el mercado asiático por supuestas propiedades afrodisíacas y curativas— comenzó a generar ganancias comparables a las del narcotráfico. La extinción de la bahaba en China, una especie similar, disparó la demanda y los precios: un solo kilo de buche podía alcanzar hasta 160 mil dólares en Hong Kong, según cifras recogidas por HALAC.

La escasa vigilancia en el Alto Golfo, los bajos costos de inversión y una elevada impunidad facilitaron la consolidación de una red internacional con base en las costas de Baja California y Sonora. El Cártel de Sinaloa, aprovechando su experiencia en el trasiego de drogas, articuló la cadena completa: captura, acopio, secado y transporte del buche de totoaba, en coordinación con mafias chinas asentadas en California y el sureste asiático.

San Felipe se convirtió en el principal nodo de extracción y distribución. Desde ahí, las rutas se extendían hacia Ensenada, Tijuana y Mexicali, para cruzar posteriormente la frontera rumbo a Estados Unidos y Asia.

De esta economía ilegal emergió la figura del narcobuchero: pescadores locales que, ante la falta de alternativas económicas, se integraron a las redes delictivas, así como criminales foráneos que incursionaron directamente en la pesca. El fenómeno alteró el tejido social de las comunidades, generando una nueva élite local que ostenta propiedades, vehículos de lujo y poder, en contraste con la precariedad del resto de la población.

La violencia se intensificó a partir de 2016, con disputas entre grupos criminales, operativos militares y denuncias de colusión de autoridades. La prensa regional llegó a denominar este periodo como “la disputa por la plaza narcobuchera”.

Un pescador anónimo, citado por HALAC, describió la percepción de impunidad en la zona:
“Mientras a los pescadores honestos nos prohíben salir a trabajar, los delincuentes que controlan el tráfico de totoaba se infiltran en protestas pacíficas para generar violencia y distraer a la sociedad. Así pueden seguir colocando sus redes de enmalle sin problema”.

El impacto ambiental ha sido devastador. Las redes utilizadas para capturar totoaba también atrapan de manera incidental a la vaquita marina, el cetáceo más amenazado del mundo. Su población cayó de 245 ejemplares en 2008 a apenas 59 en 2015, según datos de C4ADS citados por HALAC.

Organizaciones como Greenpeace, Sea Shepherd y WWF han advertido sobre la urgencia de retirar estas redes para evitar la extinción de la especie. Sin embargo, sus acciones han generado fricciones con las comunidades locales, que denuncian la pérdida de sus medios de subsistencia. En 2019, una embarcación de Sea Shepherd fue atacada por narcobucheros y un operativo de la Marina derivó en heridos y protestas violentas en San Felipe.

La crisis actual tiene raíces profundas. La pesca en el Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado se consolidó a partir de la década de 1920, con la fundación de comunidades como San Felipe, Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara. La totoaba, junto con el camarón, fue durante décadas uno de los pilares económicos de la región.

Pero la sobreexplotación, la construcción de presas río arriba y la reducción del caudal del río Colorado provocaron un colapso ecológico. En la década de 1970, la totoaba fue declarada especie en peligro de extinción y su captura quedó prohibida, aunque la pesca clandestina nunca desapareció.

La creación de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en 1993, buscó proteger la biodiversidad, pero también profundizó los conflictos sociales. Pescadores y pueblos originarios, como los cucapá, denunciaron criminalización, racismo y exclusión en la aplicación de las políticas ambientales.

La implementación de políticas neoliberales en los años noventa agravó la crisis. La reducción de subsidios, la apertura al libre mercado y las restricciones a la pesca legal dejaron a numerosas cooperativas al borde del colapso. Según datos citados por HALAC, la captura de camarón cayó de siete mil toneladas en 1989 a apenas dos mil en 1993.

Para los cucapá, cuya zona de pesca quedó dentro del área núcleo de la reserva, el escenario fue aún más adverso, con acoso constante por parte de las autoridades.

En ese contexto de precarización, la pesca ilegal de totoaba persistió como una alternativa de alto riesgo. La presión para proteger a la vaquita marina intensificó los operativos y las confrontaciones, sin resolver el conflicto de fondo.

Hoy, el Alto Golfo de California enfrenta una crisis donde la conservación ambiental, la justicia social y la seguridad pública siguen sin encontrar un punto de equilibrio, mientras la violencia y la degradación ecológica avanzan de forma paralela.