Inicia juicio por intento de transfeminicidio en CDMX: la lucha de Natalia Lane

Después de 4 años, Natalia Lane enfrenta en la Ciudad de México el primer juicio oral por tentativa de transfeminicidio, un proceso que podría sentar un precedente histórico.

Este 14 de enero de 2026, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, inició formalmente el primer juicio oral por tentativa de transfeminicidio en la capital a raíz del ataque sufrido por la activista trans Natalia Lane el 16 de enero de 2022.

La importancia de este proceso radica no sólo en su carácter legal, sino también en su dimensión social: se trata de la primera vez que la carpeta de investigación de una mujer trans y trabajadora sexual llega a esta etapa judicial con la clasificación específica de tentativa de transfeminicidio, un delito tipificado recientemente en la ciudad y que busca reconocer la violencia extrema dirigida a mujeres trans por su identidad de género.

El inicio de este juicio vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: los crímenes de odio contra personas trans continúan ocurriendo en la CDMX, pese a los avances legales en materia de diversidad sexual.

En la madrugada del 16 de enero de 2022, Natalia Lane, defensora de derechos humanos, periodista y trabajadora sexual, fue atacada por Alejandro “N” con un cuchillo en un hotel de la colonia Portales, en la Ciudad de México.

Durante el ataque resultó lesionada en la cara, cuello y manos, y el agresor fue detenido y vinculado a proceso como responsable de feminicidio en grado de tentativa; sin embargo, la sentencia aún no se ha emitido debido a amparos y dilaciones judiciales que retrasaron la llegada del caso a juicio oral.

El juicio contra Alejandro “N”, presunto agresor, es visto por organizaciones y activistas como un parteaguas jurídico porque aborda la violencia contra mujeres trans desde su especificidad: no como un delito genérico, sino como violencia extrema por identidad de género.

Hasta ahora, muchos ataques contra personas trans han sido investigados como lesiones u homicidios dolosos, sin considerar el componente de odio y violencia estructural.

Natalia ha pedido que el proceso sea público, con perspectiva de género y de derechos humanos, y que se garantice la no revictimización en el juicio, así como una reparación integral de los daños físicos, emocionales y patrimoniales que ha vivido desde el ataque.

En sus redes sociales compartió que la lucha por este juicio no es solo suya, sino por “las personas LGBTQ+, las mujeres trans y las putas”, en referencia al reconocimiento de derechos para grupos históricamente marginados.

La violencia extrema contra mujeres trans no es un fenómeno aislado, según datos de organizaciones civiles, México es el segundo país con mayor número de transfeminicidios en América Latina desde 2008, con al menos 445 casos documentados, solo detrás de Brasil.

Además, colectivos como Transcontingenta han registrado decenas de asesinatos más, aunque la falta de un registro oficial hace difícil obtener cifras precisas.

En la Ciudad de México también se han registrado agresiones y asesinatos de mujeres trans, como en el caso de Natalia González, otra trabajadora sexual trans que fue asesinada en 2023, y otras múltiples agresiones en zonas como el Centro Histórico.

Organizaciones han denunciado que al menos 28 mujeres trans fueron asesinadas en México en un solo año, ocho de ellas en la Ciudad de México, lo que muestra que la violencia se mantiene con cifras alarmantes.

Desde el ataque, Natalia Lane ha denunciado negligencia, dilación y violencia institucional dentro del sistema de justicia, lo que la ha llevado a interponer quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por revictimización.

En otras ocasiones, ha encabezado protestas públicas, incluso interrumpiendo discursos oficiales para exigir atención real a los casos de transfeminicidio y para denunciar la posibilidad de que su agresor obtenga medida de prisión domiciliaria en lugar de permanecer en la cárcel.

En enero de 2025 y 2026, junto a otras personas defensoras, reclamó frente al Poder Judicial y otras instituciones que el Estado actúe con eficacia y que las vidas de las mujeres trans importan.

Hasta hace pocos años, los ataques graves o homicidios dirigidos a mujeres trans no estaban claramente tipificados como transfeminicidio en muchos códigos locales. La Ley Paola Buenrostro, aprobada en la CDMX en 2024, fue una reforma clave para reconocer y sancionar este crimen con penas mayores y una perspectiva de género específica.

Este contexto legal abre la puerta para que procesos como el de Natalia Lane se analicen con mucho más rigor y reconocimiento de la violencia transfóbica detrás de los hechos.

Este caso no solo marca un precedente legal histórico en la Ciudad de México y en México: es también una llamada de atención sobre las fallas del sistema de justicia, la violencia estructural contra personas trans y la urgencia de reparar y prevenir el odio estructural que motiva ataques de este tipo.

La sentencia que pueda dictarse —y las medidas que la acompañen— serán observadas de cerca por activistas, defensoras de derechos humanos, personas trans y la sociedad en general, así lo señalaron pues podrían redefinir cómo se atiende y sanciona la violencia por identidad de género en el país.