El negocio oculto: siete claves del avance del crimen organizado en la minería
El secuestro y asesinato de cinco trabajadores —y la desaparición de al menos otros cinco— en el municipio de Concordia volvió a colocar en el centro del debate la relación entre minería y crimen organizado en México.
El 23 de enero de 2026, un grupo armado irrumpió en un campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver y privó de la libertad a 10 empleados especializados, entre ellos ingenieros y geólogos. De manera paralela, un trabajador de una obra carretera fue secuestrado en una parada de transporte. Días después, cinco de las víctimas fueron localizadas sin vida en fosas clandestinas; el resto permanece desaparecido.
La zona no es ajena a la violencia. En Concordia, territorio en disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, las extorsiones, enfrentamientos y desplazamientos forman parte del entorno cotidiano.
Una industria bajo presión
El caso no es aislado. En los últimos años, minas y proyectos extractivos en distintas regiones del país han enfrentado cobro de cuotas, robo de cargamentos, amenazas directas y, en algunos casos, suspensión de operaciones.
En el norte y occidente del país, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han sido señalados por incursionar en la cadena productiva minera, desde la extracción hasta la comercialización de insumos como el mercurio. En estados como Guerrero y Chihuahua también se han documentado presiones contra empresas del sector.
De acuerdo con la organización Insight Crime, el robo de metales preciosos durante su transporte se ha vuelto cada vez más frecuente. Además del despojo directo, los grupos criminales buscan influir en la operación de yacimientos estratégicos de oro, plata y otros minerales de alto valor.
Siete factores detrás del interés criminal en la minería
Especialistas en seguridad y economía coinciden en que la minería ofrece ventajas operativas y financieras para las organizaciones delictivas. Entre los principales factores destacan:
1. Altos ingresos y flujo constante de recursos
La minería genera miles de millones de pesos al año. El control de una mina o el cobro de “derecho de piso” puede representar ingresos superiores a los obtenidos en otras actividades ilícitas locales.
2. Facilidades para el lavado de dinero
Metales como el oro y la plata pueden mezclarse con producción legal e insertarse en cadenas formales de exportación, lo que dificulta rastrear su origen.
3. Menor visibilidad que el narcotráfico
A diferencia del tráfico de drogas, la extracción y comercialización de minerales puede operar bajo cobertura legal, reduciendo el riesgo de detección inmediata.
4. Control territorial
Dominar zonas mineras implica controlar caminos, comunidades y rutas estratégicas, lo que fortalece la presencia regional de los grupos criminales.
5. Diversificación de actividades
La incursión en la minería permite a los cárteles ampliar su portafolio ilícito y disminuir su dependencia del narcotráfico.
6. Acceso a insumos y equipo
Explosivos, maquinaria y vehículos utilizados en la minería pueden ser aprovechados para otras actividades delictivas.
7. Mecanismo de presión social
En algunas regiones se han documentado amenazas y desplazamientos de comunidades, así como intimidación a opositores de proyectos extractivos.
Expansión y antecedentes
El modelo de intervención criminal en la minería comenzó a consolidarse a inicios de la década de 2010, cuando organizaciones como Los Zetas y Caballeros Templarios sistematizaron el cobro de cuotas y la apropiación de minas de carbón y hierro en estados como Coahuila y Michoacán.
Posteriormente, otros grupos replicaron el esquema en entidades como Sonora, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Actualmente, amplias franjas mineras del norte y sur del país se encuentran bajo presión de distintas organizaciones criminales, lo que ha impactado tanto a empresas nacionales y extranjeras como a comunidades locales.
