Exatleta Ryan Wedding habría contratado sicarios colombianos para eliminar a informante del FBI
Nuevos documentos judiciales, citados por la radiotelevisión pública canadiense CBC, revelan que Ryan Wedding, exolímpico canadiense y presunto capo del narcotráfico, habría contratado a la Oficina de Envigado para rastrear teléfonos celulares en Canadá y México y ejecutar el asesinato de un informante del Federal Bureau of Investigation (FBI) en Colombia.
La información proviene de un resumen del caso federal en Estados Unidos, compartido con defensas de acusados en Canadá, y forma parte de la acusación presentada ante un gran jurado en California. Wedding, de 44 años, se declaró no culpable de 17 cargos —entre ellos asesinato, narcotráfico, lavado de dinero y manipulación de testigos— tras quedar bajo custodia estadounidense el mes pasado.
Originario de Ontario y exintegrante del equipo canadiense de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, Wedding es señalado por fiscales como líder de una empresa criminal transnacional que habría movilizado hasta 60 toneladas de cocaína al año en Norteamérica.
El caso es investigado por el FBI y procesado por el United States Department of Justice. En 2025, Wedding fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y, según autoridades, habría permanecido oculto en México desde 2015.
El director del FBI, Kash Patel, lo describió como una versión “moderna” de Pablo Escobar y de Joaquín Guzmán, en alusión al alcance internacional de su presunta red.
El expediente judicial detalla el homicidio de Jonathan Acebedo-García, exnarcotraficante nacido en Montreal que se convirtió en informante del FBI a finales de 2023.
Según fiscales, Wedding habría ofrecido hasta cinco millones de dólares por su asesinato tras conocer su cooperación con las autoridades. El 31 de enero de 2025, Acebedo-García fue abatido con cinco disparos en la cabeza mientras almorzaba en un restaurante de Medellín, Colombia.
Por primera vez, fiscales estadounidenses sostienen que Wedding contrató a la Oficina de Envigado, organización criminal surgida como estructura de cobro del cártel de Medellín en los años ochenta y que, tras la muerte de Escobar, continuó operando en narcotráfico, extorsión y sicariato.
El documento señala que inicialmente se habría ordenado el secuestro y tortura del informante, aunque el plan fue modificado posteriormente a una ejecución directa con arma equipada con silenciador.
La acusación también describe el presunto uso de spyware para rastrear el teléfono celular del informante. Wedding habría pagado 18 mil 500 dólares por acceso a una herramienta de interceptación de dispositivos que —según fiscales— se utilizó en múltiples ocasiones en Canadá y México.
Capturas de pantalla incluidas en el expediente mostrarían números de Montreal siendo rastreados en tiempo real. Además, se señala que la Oficina de Envigado vigiló no solo al informante, sino también a su esposa y a otra mujer identificada como J.R.
Ocho ciudadanos canadienses mencionados en la acusación federal enfrentan procesos de extradición a California, entre ellos el abogado Deepak Paradkar y el presunto operador financiero Rolan Sokolovski. Las acusaciones no han sido probadas en tribunales.
Paradkar, quien fue liberado bajo fianza, niega irregularidades. Fiscales sostienen que habría aconsejado eliminar al informante para debilitar el caso federal. Tras el asesinato, Wedding habría escrito en un chat cifrado que “sin él, no hay nada”, en referencia a la relevancia del testigo para la acusación.
El proceso contra Wedding, que será juzgado en Los Ángeles, es considerado por autoridades estadounidenses como uno de los casos más relevantes contra el narcotráfico transnacional en años recientes. La cooperación entre agencias de Estados Unidos, Canadá, México y Colombia refleja la dimensión internacional de la investigación.
Mientras Wedding y sus coacusados mantienen su presunción de inocencia, el expediente judicial describe una presunta estructura criminal con alta capacidad logística, tecnológica y financiera. El juicio, previsto para finales de este año, podría definir el alcance penal de un caso que combina narcotráfico internacional, espionaje digital y homicidio por encargo.
