Entre gallos y poder: el imperio del “Señor de los Gallos” bajo protección política

El crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no se sustentó únicamente en su capacidad de violencia.

De acuerdo con reportes de inteligencia militar y documentos oficiales, su líder, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” o “Señor de los Gallos”, consolidó durante años una estructura de alianzas y presuntos actos de corrupción que facilitaron la expansión del grupo en al menos 22 estados del país.

Oseguera Cervantes, abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo militar, habría combinado estrategias de confrontación armada con mecanismos financieros para el lavado de dinero, pactos territoriales y acuerdos con actores políticos y mandos de corporaciones de seguridad, incluidos elementos castrenses.

Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —algunos filtrados en 2022 por el colectivo Guacamaya— refieren presuntos vínculos entre operadores del CJNG y funcionarios públicos en Jalisco.

Entre los nombres mencionados en esos documentos aparecen el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, así como quien fuera su jefe de gabinete y hoy diputado federal por Movimiento Ciudadano, Hugo Luna Vázquez. Los reportes señalan que un presunto intermediario del CJNG habría sostenido contactos con funcionarios estatales y municipales para negociar condiciones favorables al grupo criminal.

De acuerdo con fichas elaboradas por el CNI, también se registraron comunicaciones en las que se mencionaban posibles acercamientos con colaboradores del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con el entonces titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González. Los documentos describen supuestas gestiones orientadas a obtener información anticipada sobre operativos o a influir en despliegues de seguridad.

Los informes refieren que, a cambio de sobornos y compromisos para reducir la violencia en determinadas zonas, operadores del CJNG habrían buscado beneficios como el retiro de unidades policiales o alertas previas a acciones federales. Entre los presuntos ofrecimientos se mencionan pagos en efectivo y propiedades.

Asimismo, reportes de inteligencia mencionan reuniones entre integrantes del grupo criminal y mandos de corporaciones locales, incluyendo policías municipales de la zona metropolitana de Guadalajara. En algunos casos, los documentos apuntan a que existía vigilancia sobre ocho colaboradores cercanos al líder del CJNG y que se investigaba una posible red de protección institucional.

Además de los documentos oficiales, investigaciones periodísticas han dado cuenta de presuntos casos de colusión entre autoridades municipales y operadores del CJNG en distintas regiones de Jalisco. Las acusaciones abarcan tanto a responsables de seguridad pública como a autoridades locales señaladas por facilitar condiciones para la operación del grupo criminal.

En conjunto, la información disponible sugiere que el fortalecimiento del CJNG respondió no solo a su estructura armada y financiera, sino también a una compleja red de relaciones que, de confirmarse judicialmente, evidenciarían fallas graves en los mecanismos de control institucional.