Ser buscadora en México: 43 asesinadas o desaparecidas desde 2010, según Artículo 19
En México, la labor de las llamadas madres buscadoras —familias que rastrean a sus seres queridos desaparecidos— se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
De acuerdo con la organización Artículo 19, desde 2010 se han documentado al menos 43 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas en el país, reflejo de la violencia estructural que enfrentan quienes suplen la ausencia del Estado.
El informe detalla que 35 de las víctimas fueron asesinadas y 8 permanecen desaparecidas. Además, 25 eran mujeres y 18 hombres, lo que evidencia que esta violencia impacta principalmente a madres que lideran la búsqueda de sus hijos.
Una labor marcada por el riesgo
La aparición de colectivos de búsqueda responde a la crisis de desapariciones en México, donde miles de familias han tenido que organizarse para localizar restos, seguir pistas y recorrer zonas bajo control del crimen organizado.
Estas tareas, que corresponden a las autoridades, exponen a las familias a amenazas, agresiones y ataques directos. Diversas organizaciones advierten que la violencia contra personas buscadoras no es aislada, sino sistemática, y busca frenar su labor.
Casos como el de María del Rosario Zavala Aguilar, asesinada en 2020 mientras buscaba a su hijo, o el de Teresa Magueyal Ramírez, evidencian el peligro constante. Ambas fueron atacadas en Guanajuato, una de las entidades con mayores niveles de violencia.
Guanajuato, foco rojo
El informe de Artículo 19 identifica a Guanajuato como la entidad más peligrosa para las personas buscadoras, debido al número de agresiones registradas en años recientes.
La disputa entre grupos del crimen organizado ha convertido al estado en un foco rojo, incrementando los riesgos para quienes realizan labores de búsqueda o denuncian desapariciones. Especialistas señalan que, en muchos casos, las víctimas ya habían recibido amenazas o contaban con medidas de protección insuficientes, lo que evidencia fallas en los mecanismos de seguridad.
Crisis de desapariciones y abandono institucional
La violencia contra buscadoras no puede entenderse sin el contexto de la crisis de desapariciones que atraviesa el país. Ante la falta de resultados por parte de las autoridades, colectivos ciudadanos han asumido tareas como la localización de fosas clandestinas, la identificación de restos y la documentación de casos.
Esto los ha convertido en actores clave para dimensionar el problema, pero también en blancos de violencia.
El costo es alto: además de enfrentar la desaparición de sus familiares, las personas buscadoras viven bajo la amenaza constante de convertirse en víctimas.
Exigen protección y justicia
Organizaciones de derechos humanos han reiterado la urgencia de implementar mecanismos efectivos de protección, así como garantizar investigaciones exhaustivas en los ataques contra personas buscadoras.
Colectivos también denuncian que la impunidad es la constante, lo que perpetúa la violencia y envía un mensaje de tolerancia frente a estos crímenes.
En medio de este escenario, una consigna se repite entre las familias: buscar no debería costar la vida.
