Centro Prodh critica postura del gobierno ante informe de la ONU sobre desapariciones forzadas
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó como histórica la decisión de la Organización de las Naciones Unidas de activar el Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, con el fin de solicitar la intervención de la Asamblea General ante la situación en México.
La organización también lamentó la postura del gobierno mexicano, que rechazó el informe del organismo internacional al considerarlo “tendencioso”.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Centro Prodh señaló que la respuesta del Estado no corresponde a la gravedad de la crisis de desapariciones en el país.
Asimismo, indicó que la reacción del actual gobierno replica posturas adoptadas por administraciones anteriores frente a observaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En su posicionamiento, la organización subrayó que México enfrenta una evaluación internacional negativa respecto a la atención de la crisis de desapariciones, la cual —afirmó— se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que la activación del Artículo 34 representa un nivel de alerta elevado en la evaluación internacional sobre México.
El organismo señaló que existen indicios fundados de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, debido a la gravedad, magnitud y carácter sistemático de las desapariciones en el país.
De acuerdo con el Comité, se han identificado patrones recurrentes en diversas regiones, mientras que las autoridades continúan rebasadas ante la problemática, a pesar de la implementación de medidas institucionales.
El informe también destaca la falta de avances sustanciales en la atención del fenómeno y señala limitaciones en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el cual no permite identificar con precisión los casos que constituyen desapariciones forzadas.
En respuesta a los señalamientos del gobierno mexicano —que atribuye la mayoría de las desapariciones a grupos delictivos—, el Comité indicó que su análisis se basa en información recabada durante su visita al país en 2021, así como en datos proporcionados por diversas fuentes independientes.
Finalmente, el organismo aclaró que, aunque no se ha identificado una política estatal directa para cometer desapariciones, esta condición no es necesaria para considerar los hechos como crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional.
