Colectivos buscadores piden a la ONU informe completo sobre desaparecidos en México
La reciente presentación de cifras actualizadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reportó que en México hay alrededor de 130 mil personas desaparecidas.
Sin embargo, días después, la organización civil IDHEAS —que participa activamente en espacios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— difundió un resumen del más reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), emitido el 16 de marzo de 2026, el cual contrasta con la narrativa oficial.
De acuerdo con el documento, México ocupa el primer lugar a nivel mundial con 819 acciones urgentes por desaparición forzada. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 40 nuevas solicitudes.
El informe también señala graves deficiencias del Estado mexicano, entre ellas la falta de protección adecuada a familiares y personas buscadoras, así como retrasos significativos en las investigaciones.
Ante este panorama, 31 colectivos de búsqueda solicitaron, mediante un comunicado conjunto, que los resultados del procedimiento relacionado con el artículo 34 de la Convención Internacional sean emitidos y hechos públicos a la brevedad.
Este mecanismo, activado por la ONU en octubre de 2025, busca determinar si en México las desapariciones forzadas ocurren de manera generalizada o sistemática. Además, permite al Comité requerir información al Estado mexicano y, en caso necesario, llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU.
No obstante, el gobierno federal rechazó la activación de este procedimiento y solicitó que la información presentada se mantuviera reservada.
Preocupación por posible “rasura” de cifras
De acuerdo con las organizaciones firmantes —entre ellas el Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y Hasta Encontrarte Guanajuato—, la petición de transparencia surge tras la preocupación generada por las cifras oficiales presentadas recientemente.
Las familias buscadoras señalan que la metodología utilizada por el gobierno podría haber implicado una reducción o “rasura” de los registros, lo que genera dudas sobre la transparencia, confiabilidad y propósito de los datos.
“Estas acciones contribuyen a minimizar la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y a diluir la responsabilidad de las instituciones”, advirtieron.
En este contexto, los colectivos concluyeron que el Estado mexicano no está cumpliendo plenamente con sus obligaciones internacionales de prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas.
Por el contrario, acusaron que las acciones recientes apuntan a una preocupante tendencia de opacidad, negación de la crisis y debilitamiento institucional.
