Caso Leyla: adolescentes acusadas no serán juzgadas como adultas

El caso de Leyla Monserrat Lares Becerra, una adolescente de 15 años asesinada en Sonora, volvió a encender el debate sobre los alcances de la justicia para menores en México, luego de que las responsables —también adolescentes— fueran procesadas bajo el sistema juvenil.

El crimen se registró el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles. De acuerdo con las investigaciones, dos menores de 13 y 15 años engañaron a la víctima con la promesa de una “sorpresa”.

Una vez en el lugar, la sentaron en una silla, le cubrieron los ojos y la asfixiaron con una cuerda, causándole la muerte. El ataque fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó mediante peritajes que la causa de muerte fue asfixia mecánica y estableció la participación directa de ambas adolescentes.

Según la investigación, el homicidio habría estado relacionado con un conflicto entre adolescentes. Versiones integradas en la carpeta señalan que los celos por una relación sentimental pudieron detonar la agresión.

En un inicio, las autoridades consideraron la posible participación de un adulto; sin embargo, nuevas pruebas descartaron su responsabilidad.

El caso fue llevado bajo el sistema de justicia para adolescentes. En marzo de 2026, un juez dictó las siguientes medidas:

Dos años y diez meses de internamiento para la adolescente de 15 años
Once meses de libertad asistida para la menor de 13 años
El pago conjunto de 5 mil 657 pesos como reparación del daño moral

La resolución generó cuestionamientos debido a la duración de las sanciones frente a la gravedad del delito.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego, explicó que la legislación vigente establece límites claros para sancionar a menores de edad. En particular, señaló que para adolescentes de entre 12 y 14 años no se contemplan penas de prisión.

Para la familia de la víctima, el proceso judicial no representa un cierre. La madre de Leyla ha insistido en que el caso debe abrir una discusión más amplia sobre la protección de menores y la respuesta institucional ante delitos graves cometidos por adolescentes.

El caso continúa generando debate público sobre si el marco legal actual es suficiente para atender este tipo de crímenes.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba