Roban a la Marina 22 toneladas de mango
Brenda Meza, regidora del municipio de Cacahoatán, encabezó el ingreso de civiles identificados como funcionarios de Bienestar a predios bajo resguardo de la Semar en Chiapas, de acuerdo con auditoría.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acusó a la Secretaría de Marina (Semar) de tener un “inadecuado control para la captación de ingresos propios” con los recursos naturales que les fueron adjudicados durante la construcción del Tren Interoceánico, luego de que los marinos, a cargo del manejo de predios con cosecha productiva, acusaran el robo de 22 toneladas de mango en Chiapas, correspondiente a 143 mil pesos en daño al erario.
Según la auditoría Captación de ingresos por ventas de bienes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, faltaban 10 minutos para que diera la 01:00 de la tarde del pasado 20 mayo en la costa chiapaneca. Dos marinos cuidaban la puerta del Polo de Desarrollo Tapachula II cuando tres coches se estacionaron frente al portón y una mujer descendió de uno de ellos.
Ella portaba un chaleco guinda y al llegar a la puerta se identificó como Brenda Elizabeth Meza Sandoval, funcionaria de la Secretaría de Bienestar: “Venimos por los mangos”, dijo sin más.
Un día antes del robo, el 19 de mayo, en menos de una hora al menos 100 personas que también se identificaron como “servidoras públicas de Bienestar” entraron al Polo de Desarrollo II para cortar y estibar el mango ataulfo de primera calidad que los marinos y trabajadores del Corredor Interoceánico resguardaban como parte de las ganancias de haber talado árboles en la construcción del Tren Interoceánico en el estado de Chiapas.
Parte de las ganancias de la empresa estatal Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se obtendrían de la explotación de los recursos naturales obtenidos en la zona de construcción del Tren Interoceánico, por ello, se creó la Coordinación General para el Desarrollo Agroalimentario y Agroindustrial, encargada del manejo de dichos recursos.
Ese 20 de mayo, Brenda Elizabeth Meza Sandoval, quien desde hace un año es regidora del municipio de Cacahoatán, entró con los mismos civiles que un día antes cortaron el mango a cargar mil rejas del fruto en dos camiones Torton.
Dos horas tardaron en llenarlos, dejando apenas mil kilos de mango de tercera, aplastado o consumido por los insectos, y se fueron cuando iban a dar las 03:00 de la tarde.
En la auditoría, la Secretaría de Marina estima una pérdida de 143 mil pesos tras el robo, reduciendo de una posible ganancia de hasta 3.6 millones de pesos de la venta del mango y otros bienes, como palma de aceite, achiote, limón, agave, café y marañón, a sólo 1.4 millones.
“Al ser sustraídas 22 toneladas de mango, conforme al precio estimado de venta señalado por el consignatario, que fue de 6.5 pesos por kilogramos, se tendría un total de 143 mil pesos de pérdida por el robo de dichos frutos, que actualiza un presunto daño patrimonial a la institución.
“El estimado de la cosecha que podría aprovecharse posterior a la sustracción de esas 22 toneladas es de 300 mil kilogramos, los cuales generarían un ingreso bruto de un millón 950 mil pesos, descontando 300 mil pesos de costo operativo, quedaría un ingreso de un millón 650 mil pesos; de los cuales se descontaría la comisión de 10% para el consignatario, así que la ganancia está prevista en un total de un millón 485 mil pesos para diciembre”, consigna el mismo informe.
De las 22 toneladas de mango que se sustrajeron ilegalmente se desconoce el final, pero del mango de tercera que se quedó la Marina hubo una ganancia de sólo 5 mil pesos para la empresa.
Al conocer del robo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acusó y sancionó a la Marina de tener un “inadecuado control para la captación de ingresos propios”.
“Este órgano fiscalizador advierte que, a pesar de que los predios fueron aportados al patrimonio del organismo mediante un acuerdo publicado en el DOF desde el 16 de octubre de 2024, no se identifican las medidas ni los responsables de su resguardo; adicionalmente, a partir del acuerdo de la Junta de Gobierno, el 26 de marzo de 2025, por el que se fijó un monto estimado de venta de los productos y accesorios de los predios, no se advirtieron acciones para su vigilancia”, reclamó Buen Gobierno.
