Más salario, menos trámites, menos castigo fiscal

Durante años, el salario mínimo funcionó como un referente distante para buena parte de los servicios formales y de las industrias intensivas en mano de obra, cuyos costos se sustentan principalmente en la nómina.

En la mayoría de las empresas formales, la práctica consistía en pagar salarios por encima del mínimo, competir mediante calidad y cumplir con las obligaciones laborales y fiscales. Ese escenario ha cambiado.

Actualmente, el salario mínimo ha alcanzado la estructura de costos de miles de proveedores formales. En regiones como la frontera norte, ya existen plazas donde las empresas que cumplen con la ley se ven obligadas a ajustar tarifas para evitar operar con pérdidas.

El debate, señalan especialistas, no se centra en el objetivo social de mejorar los ingresos de los trabajadores, sino en la forma en que estos incrementos se incorporan al mercado. Muchas empresas contratantes continúan negociando tarifas con base en la inflación anual, cercana al cuatro por ciento, mientras que el costo laboral obligatorio crece a un ritmo muy superior y presiona al alza los tabuladores salariales completos. Cuando el salario base se incrementa, la estructura salarial en su conjunto debe ajustarse para preservar esquemas de responsabilidad, jerarquía y retención de personal.

De no atenderse esta brecha, advierten analistas, el efecto puede traducirse en un aumento de la informalidad y en una mayor competencia desleal frente a las empresas que cumplen con la normatividad.

En el plano internacional, uno de los indicadores utilizados para medir la presión sobre la estructura salarial es la relación entre el salario mínimo y el salario medio de una economía. Incrementos graduales pueden elevar los ingresos con impactos limitados; sin embargo, cuando el salario mínimo se aproxima al centro de la distribución salarial, deja de funcionar como un piso de protección y se convierte, en la práctica, en una referencia salarial general, lo que genera ajustes de carácter sistémico.

México se encuentra cerca de ese umbral. De acuerdo con datos oficiales, la proporción del salario mínimo respecto al salario promedio registrado ante el IMSS pasó de 23 a 45 por ciento entre 2015 y 2025, mientras que en la franja fronteriza alcanza ya el 58 por ciento. En sectores que concentran alrededor de una quinta parte del empleo formal, esta proporción se ubica entre 60 y 89 por ciento, y en micro y pequeñas empresas entre 58 y 78 por ciento, lo que convierte al salario mínimo en un componente central del costo laboral.

La situación resulta particularmente sensible en actividades de operación continua, que requieren turnos, coberturas y disponibilidad permanente de personal, en contextos donde la escasez de mano de obra ya representa un desafío. Si el salario mínimo continúa creciendo por encima de los contratos de servicios y, de manera paralela, se reduce la jornada laboral sin un esquema de transición gradual y medidas de productividad, el costo por hora efectiva podría incrementarse de forma significativa.

Datos recientes refuerzan estas preocupaciones. En los últimos 12 meses, el segmento de micro y pequeñas empresas registró la salida de casi 25 mil negocios de la formalidad, junto con la pérdida de más de 88 mil puestos de trabajo. Además, la Encuesta Trimestral de Ocupación y Empleo reportó una disminución superior a 460 mil empleos formales. En muchos casos, cuando una empresa formal deja de operar, los trabajadores se incorporan a esquemas informales, sin acceso a seguridad social ni capacitación.

Especialistas coinciden en que el sostenimiento de mejores salarios requiere condiciones favorables para las empresas. La estrategia, señalan, debe combinar incrementos salariales responsables con una agenda enfocada en productividad, inversión y fortalecimiento de la formalidad, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes reducidos y enfrentan costos adicionales como trámites, inseguridad e incertidumbre regulatoria.

Entre las medidas planteadas se encuentran ajustes en el marco regulatorio y fiscal, como la reducción de costos asociados al empleo, la revisión del impuesto sobre nómina, la actualización de tablas del ISR, el acceso efectivo a financiamiento, programas de capacitación y digitalización, así como la simplificación de trámites. En sectores regulados, como la seguridad privada, también se plantea la necesidad de reglas nacionales más homogéneas que reduzcan la discrecionalidad a nivel estatal.

Finalmente, se subraya la importancia de combatir la informalidad de manera efectiva, con reglas claras y una aplicación equitativa de la ley. Mientras existan competidores que evadan impuestos y obligaciones laborales sin consecuencias, el mercado seguirá penalizando a las empresas formales. En ese contexto, la pérdida de negocios y empleos formales se convierte en un indicador de un entorno que desalienta la formalidad.

El consenso apunta a que el salario digno y una jornada laboral compatible con la vida personal son objetivos legítimos, pero su sostenibilidad depende de una política integral que, además de proteger al trabajador, fortalezca a la empresa formal mediante certidumbre jurídica, inversión y mejoras en productividad. Sin estos elementos, advierten, el avance laboral podría verse limitado por el crecimiento de la informalidad y la precarización del empleo.