Rescatan 29 perros víctimas de maltrato extremo
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó sobre el rescate de 29 perros que se encontraban en severas condiciones de abandono y deterioro físico dentro de una vivienda en Sahuayo, Michoacán.
El operativo se realizó tras cumplirse una orden de cateo en una casa ubicada en la colonia Las Brisas, donde además fue detenida una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal.
Durante la intervención, las autoridades encontraron a los caninos hacinados en distintos espacios, sin condiciones mínimas de higiene ni resguardo adecuado. Muchos presentaban lesiones, desnutrición y un marcado deterioro en su estado de salud. La vivienda se encontraba en condiciones insalubres, con acumulación de heces, basura y objetos en desuso, generando un entorno de abandono y riesgo para los animales.
Tras el hallazgo, se contó con el apoyo de personal municipal y especialistas en manejo animal, quienes se encargaron del traslado y resguardo provisional de los perros a un espacio adecuado.
En el lugar fue detenida Lizabeth N., quien quedó a disposición de las autoridades competentes y se le leyeron sus derechos conforme a la ley.
El maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del Estado y regulado por la Ley de Protección a los Animales de Michoacán, normas que buscan garantizar el bienestar de los animales y sancionar actos de crueldad, sufrimiento innecesario o abandono.
El Código Penal considera maltrato cualquier acción que provoque lesiones, sufrimiento o muerte de un animal doméstico o silvestre, así como el abandono en condiciones que pongan en riesgo su vida o el uso de métodos violentos en su crianza, transporte o sacrificio.
La Ley de Protección a los Animales establece además obligaciones para propietarios, criadores y autoridades, como proporcionar alimentación adecuada, atención médica y espacios dignos, evitando cualquier forma de violencia física o psicológica.
Las sanciones pueden ser penales y administrativas. En el ámbito penal, se contemplan penas de prisión de seis meses a varios años, dependiendo de la gravedad y reincidencia, así como multas económicas. En el ámbito administrativo, las autoridades pueden imponer clausuras, retiro de permisos de operación o inhabilitación de responsables, especialmente en criaderos, refugios o negocios que incumplan la normativa.
