Indígenas mayo-yoremes y pescadores de Sinaloa: la defensa de un territorio en disputa

En el norte de Sinaloa, indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ambientalistas se encuentran en proceso de organización para impedir la imposición de proyectos industriales como la planta de metanol Pacífico Mexinol, impulsada por el consorcio transnacional Transition Industries, que impactaría directamente las bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo.

El movimiento, articulado en el colectivo ecológico ¡Aquí No!, sostiene una resistencia que supera los 11 años de lucha legal y territorial contra proyectos considerados de alto impacto ambiental, entre ellos una planta de amoniaco y ahora el complejo de metanol, ambos con financiamiento internacional.

La tensión escaló el pasado 23 de abril en Los Mochis, cuando decenas de habitantes irrumpieron en el acto inaugural del proyecto Pacífico Mexinol y derribaron el pedestal donde se colocaría la llamada “primera piedra”. Para los líderes del movimiento, Claudia Quintero y Melina Sandoval, este hecho no fue espontáneo, sino la expresión de un hartazgo acumulado ante la falta de consulta y la imposición de proyectos en territorios indígenas y pesqueros.

El acto protocolario fue interrumpido al grado de que inversionistas extranjeros y el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, tuvieron que ser resguardados en un salón privado del hotel Fiesta Inn en Los Mochis. Desde ahí, el diplomático advirtió que las inversiones requieren “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”.

En respuesta a la movilización, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se trasladó a Topolobampo para dialogar con los inconformes y reconoció que no puede haber avance sin consulta previa a las comunidades indígenas, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. “No hay primera piedra sin antes hacer la consulta debida”, declaró, comprometiéndose a plantear el tema ante el gobierno federal, particularmente la Semarnat, señalada por autorizar el proyecto sin consulta.

El proyecto Pacífico Mexinol contempla una inversión estimada de 3.3 mil millones de dólares y la producción diaria de aproximadamente 6 mil 130 toneladas de metanol, obtenido a partir de gas natural importado de Texas mediante fracking. La empresa ha informado que cuenta con participación de actores como International Finance Corporation, KfW IPEX-Bank, Macquarie Group, Mitsubishi Gas Chemical Company, Samsung E&A y Techint Ingeniería y Construcción.

A nivel local, también se ha señalado la participación de inversionistas sinaloenses, entre ellos familias con fuerte presencia económica como los Murrieta (agroindustria), Valderrama (socios del Tren Chepe) y Elizondo (agroindustria).

El conflicto ambiental y social no es nuevo. El movimiento ¡Aquí No! también ha enfrentado el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), una planta de amoniaco con financiamiento alemán y suizo, actualmente en litigio por comunidades mayo-yoremes.

Melina Sandoval, líder indígena desplazada por amenazas derivadas de su activismo, afirma que la irrupción en el evento del 23 de abril fue consecuencia de años de frustración. “La gente ya no cree en la vía pacífica porque no ha funcionado. Nos han dejado sin alternativas”, señala.

Sandoval y otros integrantes del movimiento han recurrido durante más de una década a los tribunales para exigir el respeto a su territorio y a la pesca como forma de vida. La cooperativa pesquera indígena de Paredones, por ejemplo, mantiene un amparo relacionado con la autorización del proyecto, mientras que la Sociedad Cooperativa Pesquera Eustaquio Urías —fundada en 1942 y con concesión vigente hasta 2041— sostiene que su actividad sostiene a 942 familias, según reconoce la propia empresa en su Manifestación de Impacto Ambiental.

El conflicto también ha escalado en el ámbito judicial. El juez Quinto de Distrito, Enrique Parada Ser, negó recientemente la suspensión definitiva solicitada en el amparo 255/2026, argumentando que no existía prueba del daño, pese a que los pescadores presentaron estudios sobre impactos ambientales. Anteriormente, sí se había concedido una suspensión provisional por la falta de consulta indígena.

Las comunidades denuncian que el juzgador desestimó pruebas científicas y no reconoció plenamente su identidad indígena. “Nos exige demostrar un daño que aún no existe. Eso es ilógico y discriminatorio”, sostiene Claudia Quintero, quien además afirma que se vulnera el derecho a la libre autoadscripción de los pueblos originarios.

Quintero agrega que interpondrán un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Mazatlán y, de ser necesario, acudirán a instancias superiores, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese contexto, han expresado confianza en el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, a quien ven como una posible vía de justicia para los pueblos originarios.

El movimiento también ha sido incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, debido a amenazas y agresiones en su contra.

Las tensiones se agudizan en medio de declaraciones internacionales. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha elogiado los esfuerzos del gobierno mexicano en materia indígena, lo que ha sido cuestionado por activistas que señalan contradicciones entre el discurso oficial y la realidad en los territorios.

“Estas violaciones no se ven en una mesa de diálogo ni en un evento oficial. Se viven aquí, donde todo duele y todo falta”, afirma Claudia Quintero. “Lo único que no falta es el amor por la tierra”, añade.

En el norte de Sinaloa, el conflicto no se reduce a una disputa por inversión o desarrollo industrial. Es, en el fondo, una confrontación entre dos visiones irreconciliables del territorio: una que lo concibe como plataforma económica global y otra que lo defiende como base de vida, cultura y subsistencia comunitaria.