Ximena Guzmán y José Muñoz: notas de un crimen de Estado

Las autoridades detuvieron a 13 personas por el asesinato de los colaboradores de Brugada, como una forma de avanzar en las pesquisas, confiando en que los cateos de sus viviendas dieran información nueva.

A mediados de agosto, el verano, las lluvias y las vacaciones de políticos y funcionarios dominaban la agenda pública en México. El país vivía ajeno a los meses anteriores, con el Mayo Zambada en el rabillo del ojo y las inundaciones en varios Estados elevadas a preocupación nacional. Para entonces, la policía y fiscalía de Ciudad de México, y la Fiscalía General de la República (FGR), llevaban semanas detrás de un puñado de integrantes de la red que había organizado y perpetrado, supuestamente, el ataque contra los dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, en mayo. Pero las novedades, a pesar de la vigilancia, escaseaban. Había que tomar una decisión.

El asesinato de José Muñoz y Ximena Guzmán, asesor y secretaria particular de Brugada, había causado conmoción en la capital. Perpetrado el 20 de mayo, a plena luz del día, en una avenida céntrica de la ciudad, la calzada de Tlalpan, el ataque había sumido a la clase política gobernante en un estado de zozobra. ¿Quién querría coser a balazos a dos funcionarios ajenos a los medios y el debate público? A finales de mes no se hablaba de otra cosa, pero, con el paso de las semanas, el interés se fue disipando, en parte por la falta de información oficial. La presión a las autoridades se desinflaba, momento que aprovecharon para seguir a la banda. Tres meses más tarde, finales de agosto, había llegado el momento de golpear.

Acompañados de Omar García Harfuch, zar federal de seguridad, las autoridades de la capital presentaron los resultados de ese primer golpe la semana pasada, justo tres meses después del atentado. En 11 cateos simultáneos en la vertiente oriental de la ciudad y su área metropolitana, realizados durante la madrugada del 20 de agosto, la policía detuvo a 13 personas, cinco mujeres y ocho hombres. Harfuch, la fiscal local, Bertha Alcalde, y el jefe de policía, Pablo Vázquez, mencionaron que la red había usado cinco vehículos. Recordaron que la banda había estado vigilando a los funcionarios durante más de dos semanas y que, incluso, habían intentado asesinarlos seis días antes, el 14 de mayo. Dijeron también que entre los 13 no estaba el gatillero y que desconocían el motivo del ataque.

En su intervención, Alcalde destacó a seis de los 13. Mencionó a Jesús N, Arlette N y Nery N por “su probable participación en la coordinación logística del homicidio”. Y añadió que Abraham N, Jesús Francisco N y Francisco N, “ya eran investigados por homicidio y asociación delictuosa”. En las horas siguientes se filtró que Francisco N había sido el criminal que había monitoreado el lugar elegido para perpetrar el atentado, un tramo céntrico de Tlalpan, donde Guzmán recogía a Muñoz para ir a trabajar.

La jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles la detención de 13 personas presuntamente vinculadas con el asesinato de dos de sus colaboradores a plena luz del día el pasado mes de mayo.

Según Brugada, tres de los detenidos «participaron directamente en el homicidio» y otros de los arrestados estuvieron relacionados «con la preparación logística del evento». Sin embargo, ni el autor intelectual ni el hombre que abrió fuego contra los funcionarios están entre los arrestados.

Autoridades locales y federales realizaron 11 cateos en la madrugada de este miércoles que se saldaron con las primeras detenciones en relación con este crimen, considerado el de mayor impacto político reciente en la capital mexicana y cuya investigación aún continúa.

“Estos resultados representan los primeros avances de una investigación en curso”, destacó Brugada.

Ximena Guzmán, secretaria de Brugada, y José Muñoz, asesor de su gobierno, fueron atacados a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta cuando se trasladaban en auto por una céntrica calle de la ciudad el pasado 20 de mayo.

Muñoz, quien conducía el vehículo, murió tras ser disparado cuatro veces. Guzmán intentó escapar saliendo del auto, pero el individuo disparó ocho veces contra ella y también falleció.

Ninguno contaba con custodia de seguridad ni se les conocían amenazas previas.

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Las autoridades no informaron sobre hipótesis del móvil del ataque, pero no descartaron que pudiera haber sido ejecutado por el crimen organizado.

El jefe de la policía local, Pablo Vázquez Camacho, indicó este miércoles que existen varias líneas de investigación, pero las autoridades no revelarán un posible motivo mientras el caso permanezca abierto. También confirmó que el hombre que disparó a las víctimas tenía experiencia en el manejo de armas.

Bertha María Alcalde Luján, fiscal general de Ciudad de México, reveló que los investigadores creen que el ataque se había planeado originalmente para el 14 de mayo. Sin embargo, Guzmán no recogió a Muñoz ese día en la estación del metro para ir juntos a trabajar, como solía hacer habitualmente, por lo que se canceló.

También detalló que cinco vehículos, incluida la motocicleta en la que huyó el agresor, formaban parte del operativo criminal. Dos de los otros vehículos fueron identificados por haber vigilado a las víctimas durante al menos 20 días antes de que se registrara el doble homicidio.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, afirmó por su parte que los investigadores confirmaron que los implicados en el tiroteo huyeron inicialmente a un barrio de la delegación Iztacalco, cerca del aeropuerto internacional de la capital mexicana. Allí, cambiaron de vehículo y escaparon de la ciudad hacia el vecino Estado de México.

Tras el doble homicidio, el gobierno de Estados Unidos manifestó que este crimen demostraría el vasto poder del narcotráfico en México.

“La violencia política allí (en México) es real”, dijo en mayo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que “hay partes de México gobernadas por los cárteles”.

Aunque es menos notoria que en otros estados mexicanos, la presencia de grupos de la delincuencia organizada en la capital del país no es nueva.

En 2020, el atentado contra Omar García Harfuch —entonces responsable de la seguridad de la capital y hoy secretario de Seguridad en el gobierno federal— fue el mayor ejemplo.

Aquel suceso, una emboscada con fusiles de alto poder y granadas en un barrio de lujo, estuvo organizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y acabó con tres muertos, con García Harfuch herido y su vehículo blindado acribillado.