La masacre de Ayotzinapa, un crimen de Estado sin respuestas claras ni justicia

Una década después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de sus continuas promesas, sigue sin dar con respuestas claras sobre lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, Guerrero.

Hace 11 años, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, se perpetró uno de los casos colectivos de violación a los derechos humanos más trágicos en la historia reciente de nuestro país: tres estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, localizada en Ayotzinapa, Guerrero, fueron asesinados a balazos en Iguala, uno más quedó en estado de coma a causa de un proyectil de alto calibre que le atravesó la cabeza, y 43 fueron capturados, secuestrados y desaparecidos durante un operativo organizado por policías municipales de tres ayuntamientos y criminales de un cártel local.

Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes entre 17 y 25 años, todos de origen modesto, de familia campesina, la mayoría de recién ingreso a la Normal, acudió a la ciudad de Iguala con la finalidad de tomar autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968, tal como sucedía cada año. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por parte de los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y en otros estados, e incluso había contado hasta ese momento con el aval tácito de empresas de transporte y autoridades locales, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades municipales no fue la ordinaria: grupos policiales abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses, o que se desplazaran dentro de la urbe, donde ese día la esposa del alcalde en funciones rendía un informe de actividades del DIF.

De esta manera, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses, tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica. En esos dos escenarios fueron detenidos los 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde, esa misma noche, continuaron las agresiones, ya no sólo por parte de agentes sino también por civiles armados que, como después se demostró en la investigación del caso, eran parte de la estructura de una organización criminal.

Además, otro autobús, que transportaba a integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo (tercera división), fue confundido por la policía como una unidad más del convoy de los estudiantes y también fue agredido con armas de fuego. Ahí murieron tres personas: uno de los futbolistas, de 15 años de edad; una pasajera de un taxi que circulaba por el lugar y que fue impactada por una bala perdida; y el chofer del autobús que conducía a los Avispones de vuelta a Chilpancingo, luego de un partido en Iguala. Adicionalmente, el director técnico del equipo resultó gravemente herido y fue internado en un hospital.

El saldo de la más triste de las noches de Iguala fue aterrador: 43 jóvenes estudiantes desaparecidos, tres normalistas asesinados, otras tres personas muertas, y al menos 39 lesionadas.

“Ya estaba resignado a que de esa noche no íbamos a salir. Y dije “no, pues si nos matan, ya ni modo, aquí queda uno’. Entonces, solo pensaba que si me llegara a pasar algo, ojalá y mis compañeros salgan y exijan por nosotros. O sea que haya justicia. Pero por algo, el destino o el azar pues nos tocó sobrevivir, y es lo que hacemos nosotros, pedir justicia”, dice a France 24 Uriel Alonso, sobreviviente de Ayotzinapa.

La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de los jóvenes, afirmó en un informe de agosto de 2022 que lo ocurrido fue “un crimen de Estado” y apuntó a una vinculación del Ejército.

En Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se rechazó cualquier participación de militares y se presentó la llamada «verdad histórica», según la cual los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, coludidos con criminales, y entregados al cartel Guerreros Unidos.

No obstante, el Gobierno de López Obrador sí ha reconocido la responsabilidad de militares, hubo detenciones y se autorizó la apertura de algunos archivos, pero la verdad completa sigue sin trascender.

“Aunque hubo algunos avances iniciales, el tema principal del caso, -que es encontrar el paradero de los estudiantes-, no ha sido esclarecido por esta Administración, en muy buena medida porque, a pesar de estos avances, la investigación dejó de tener apoyo cuando empezó a encontrar posible complicidad del Ejército con el narcotráfico”, lamenta Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)

Por eso, los normalistas de Ayotzinapa y los familiares de las víctimas se mantienen después de una década exigiendo la resolución del caso y confían en que esto se produzca en el nuevo gobierno, que encabezará Claudia Sheinbaum.

Once años de Ayotzinapa. Once años de una indecible atrocidad que no deja de sacudir a México.