Amnistía Internacional alerta sobre aumento de la violencia y militarización en Sinaloa
La violencia que atraviesa Sinaloa volvió a encender las alertas internacionales.
Amnistía Internacional, organización con presencia global dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, lanzó un llamado urgente a los tres niveles de gobierno en México ante el deterioro sostenido de la seguridad en la entidad.
Desde el 9 de septiembre de 2024, Sinaloa vive bajo un clima de violencia extendida, marcado por el conflicto interno del Cártel de Sinaloa entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”. Esta pugna criminal no solo ha reconfigurado el mapa del crimen organizado, sino que ha disparado los índices de inseguridad y dejado a la población atrapada entre el fuego cruzado.
En un comunicado emitido el martes 3 de febrero, Amnistía Internacional advirtió que la crisis no es reciente. Desde 2022, señaló el organismo, la entidad registra una escalada constante de violencia que se refleja en el aumento de homicidios, feminicidios y desapariciones. Las cifras son contundentes: mientras en 2022 se contabilizaron 478 homicidios, para 2025 el número se elevó a 1 663. En el mismo periodo, las carpetas de investigación por feminicidio pasaron de 20 a 69, y las personas desaparecidas o no localizadas se incrementaron de 268 a 947.
Ante este panorama, la organización internacional expresó “su más grande preocupación”, una inquietud que no solo apunta a la violencia criminal, sino también a la respuesta del Estado. En particular, Amnistía Internacional cuestionó el despliegue de fuerzas militares como estrategia para contener la inseguridad y combatir a las organizaciones delictivas.
La experiencia, subrayó el organismo, demuestra que la militarización de la seguridad pública ha derivado en constantes violaciones a los derechos humanos y en posibles crímenes de derecho internacional, entre ellos detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para Amnistía, se trata de una estrategia “fallida” que no ha logrado reducir la violencia en México y que, por el contrario, genera un entorno propicio para abusos por parte de las Fuerzas Armadas cuando realizan labores de seguridad pública.
Por ello, el llamado fue directo: los gobiernos federal, estatal y municipal deben colocar en el centro la seguridad de la población y apegarse a los estándares internacionales que regulan el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, los cuales establecen que su participación debe ser extraordinaria, subordinada, regulada y fiscalizada por autoridades civiles.
La advertencia llega en un contexto particularmente tenso. La desaparición de 10 mineros el pasado 23 de enero en la localidad de Pánuco, municipio de Concordia, así como el ataque contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano el 28 de enero, volvieron a poner bajo los reflectores la situación que vive Sinaloa.
Pese a ello, la respuesta oficial ha sido el refuerzo militar. A finales de enero, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó la llegada de 1 600 soldados a la entidad, enviados principalmente a Culiacán y Mazatlán. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el objetivo del despliegue es “inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región”.
La pregunta, sin embargo, permanece abierta: ¿más soldados significan más seguridad o solo profundizan una estrategia que, según los organismos internacionales, ya ha demostrado sus límites?
Envía la Defensamx 1600 militares 🪖a Culiacán y Mazatlán, Sinaloa para reforzar los operativos de seguridad. pic.twitter.com/3yawVLabjH
— Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 29, 2026
